En el mundo existen entre 500 y 600 millones de personas con discapacidad de los cuales 120 a 150 millones son niños y adolescentes y entre el 80 y 90% viven en situación de pobreza, la tasa mundial de matrícula en la educación primaria ha aumentado al 86%; sin embargo se estima que solo acceden a la escolaridad entre el 1 al 5% de niños discapacitados en los países en desarrollo. En el Perú las personas con discapacidad bordean los 3,5 millones, lo que revela que estamos ante un serio problema que todavía las autoridades y la sociedad civil no hemos sabido reconocer y atender. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué interesa la educación de los discapacitados? ¿Por qué es necesario hacer un deslinde entre la educación especial y la educación inclusiva? ¿Tienen derecho a educación las personas con discapacidad? ¿Hemos evaluado si la educación especial que tenemos ha ofrecido posibilidades de desarrollo personal, familiar y social de las personas con discapacidad?
Es indiscutible que las personas con discapacidad de ambos sexos y de todas las edades tienen derecho a la educación y uno de los bastiones fundamentales en la lucha a favor de estos derechos, ha sido y lo siguen siendo las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Familiares. Ellos a través de un trabajo silencioso, constante, tesonero y perseverante han venido cosechando logros a favor de los discapacitados y sus derechos fundamentales como personas para insertarse progresivamente en el campo económico, productivo y social.
En el Perú, como ya lo hemos afirmado en artículos anteriores, no existe todavía una reforma educativa que den los mismos derechos a todas las personas por igual. El paradigma de la educación tradicional, patriarcal, utilitarista, creó el concepto de “Educación Especial”, las políticas de este paradigma adoptaron una educación segregadora que dio lugar a la formulación de dos sistemas educativos separados: uno para personas con discapacidad, llamadas “escuelas especiales” y otro para los que no tienen discapacidad o escuelas llamadas “regulares”. Las escuelas especiales basadas en el convencimiento de que las personas con discapacidad no podían ser educadas y crearon el concepto de ser una carga para el sistema de enseñanza “regular”, y así se ha mantenido hasta la fecha.
Por otro lado, el paradigma educativo que frontalmente rechaza la educación especial llamado “Educación Inclusiva”, basado en el principio de que siempre que sea posible, todos los niños y niñas deben estudiar juntos, sin establecer ningún tipo de diferencias. Este paradigma reconoce que todo niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes particulares y que los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación regular y adaptarse a través de una pedagogía centrada en el niño; implica la posibilidad de que todo niño, niña y adolescente, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos, en comunión con todos y sin discriminación alguna. Este paradigma surgió como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, utilitarista y segregadora, así como a los insuficientes resultados de la educación especial y de las políticas de integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de educación.
El paradigma de la educación especial ha quedado muy limitado, lamentablemente, tenemos que reconocer que los resultados educativos de estas escuelas no han impactado en el desarrollo de las personas con discapacidad, los ha mantenido al contrario en la exclusión. Cuando preguntamos a la gente de a pie, por ejemplo de la escuelita que tenemos en Bagua Grande fueron categóricos en afirmar que “ésta no es una institución que rehabilita, solo los alberga por horas, es excluyente y no garantiza el desarrollo de las personas discapacitadas”; en cambio el paradigma de la educación inclusiva rompe con las prácticas discriminatorias, excluyentes hacia las personas con discapacidad y les posibilita su derecho de insertarse en la sociedad con los mismos derechos de todas las personas porque no los margina en el desarrollo de sus capacidades y actitudes y mas bien abarca su aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde inicial hasta la formación profesional, la educación básica para adultos y la educación para la vida activa de las personas de más edad.
Es cierto que transitar de una educación especial a una educación inclusiva no es fácil, seguramente será compleja, pero es urgente implementarla, mejorarla, transformarla, si en realidad nos interesan las personas discapacitadas y su desarrollo humano. El discapacitado no es un problema por solucionar, es persona con diferencias individuales diversas que ofrecen a la educación la oportunidad de mejorar la enseñanza para todos, por tanto la política educativa nacional y regional debe eliminar toda acción estructural que segrega, excluya y margina a niños, niñas y adolescentes discapacitados y respetar la libertad de los padres para elegir la institución educativa que desee, así como el derecho de estos niños a expresar sus propias opiniones en esos asuntos, a ser escuchados y sobre todo a asegurar que se inserten productivamente y se sientan útiles a la sociedad.
Desde aquí, convocamos a las autoridades y organismos en general a asumir la responsabilidad que tenemos como Estado, necesitamos tener en cuenta los factores externos físicos que limitan el acceso a la educación; como son, el entorno físico, pasadizos, aulas, mobiliario, entradas y salidas, rampas de acceso, etc., de la misma manera se debe adaptar la normatividad para que se incluyan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema de educación regular, y en lo técnico pedagógico se requieren profesores especializados, clases complementarias, tutores especiales, personal auxiliar de apoyo y alimentación nutricional; como factores internos necesitamos formular políticas educativas que les garanticen el desarrollo integral. Una medida inmediata debe ser la creación de la Dirección de Educación para las personas con discapacidad en la Región de Educación y en las UGELs, la incorporación de Especialistas con Discapacidad para que velen por la atención de estos derechos. El reto ya está dicho.
Es indiscutible que las personas con discapacidad de ambos sexos y de todas las edades tienen derecho a la educación y uno de los bastiones fundamentales en la lucha a favor de estos derechos, ha sido y lo siguen siendo las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Familiares. Ellos a través de un trabajo silencioso, constante, tesonero y perseverante han venido cosechando logros a favor de los discapacitados y sus derechos fundamentales como personas para insertarse progresivamente en el campo económico, productivo y social.
En el Perú, como ya lo hemos afirmado en artículos anteriores, no existe todavía una reforma educativa que den los mismos derechos a todas las personas por igual. El paradigma de la educación tradicional, patriarcal, utilitarista, creó el concepto de “Educación Especial”, las políticas de este paradigma adoptaron una educación segregadora que dio lugar a la formulación de dos sistemas educativos separados: uno para personas con discapacidad, llamadas “escuelas especiales” y otro para los que no tienen discapacidad o escuelas llamadas “regulares”. Las escuelas especiales basadas en el convencimiento de que las personas con discapacidad no podían ser educadas y crearon el concepto de ser una carga para el sistema de enseñanza “regular”, y así se ha mantenido hasta la fecha.
Por otro lado, el paradigma educativo que frontalmente rechaza la educación especial llamado “Educación Inclusiva”, basado en el principio de que siempre que sea posible, todos los niños y niñas deben estudiar juntos, sin establecer ningún tipo de diferencias. Este paradigma reconoce que todo niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes particulares y que los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación regular y adaptarse a través de una pedagogía centrada en el niño; implica la posibilidad de que todo niño, niña y adolescente, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos, en comunión con todos y sin discriminación alguna. Este paradigma surgió como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, utilitarista y segregadora, así como a los insuficientes resultados de la educación especial y de las políticas de integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de educación.
El paradigma de la educación especial ha quedado muy limitado, lamentablemente, tenemos que reconocer que los resultados educativos de estas escuelas no han impactado en el desarrollo de las personas con discapacidad, los ha mantenido al contrario en la exclusión. Cuando preguntamos a la gente de a pie, por ejemplo de la escuelita que tenemos en Bagua Grande fueron categóricos en afirmar que “ésta no es una institución que rehabilita, solo los alberga por horas, es excluyente y no garantiza el desarrollo de las personas discapacitadas”; en cambio el paradigma de la educación inclusiva rompe con las prácticas discriminatorias, excluyentes hacia las personas con discapacidad y les posibilita su derecho de insertarse en la sociedad con los mismos derechos de todas las personas porque no los margina en el desarrollo de sus capacidades y actitudes y mas bien abarca su aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde inicial hasta la formación profesional, la educación básica para adultos y la educación para la vida activa de las personas de más edad.
Es cierto que transitar de una educación especial a una educación inclusiva no es fácil, seguramente será compleja, pero es urgente implementarla, mejorarla, transformarla, si en realidad nos interesan las personas discapacitadas y su desarrollo humano. El discapacitado no es un problema por solucionar, es persona con diferencias individuales diversas que ofrecen a la educación la oportunidad de mejorar la enseñanza para todos, por tanto la política educativa nacional y regional debe eliminar toda acción estructural que segrega, excluya y margina a niños, niñas y adolescentes discapacitados y respetar la libertad de los padres para elegir la institución educativa que desee, así como el derecho de estos niños a expresar sus propias opiniones en esos asuntos, a ser escuchados y sobre todo a asegurar que se inserten productivamente y se sientan útiles a la sociedad.
Desde aquí, convocamos a las autoridades y organismos en general a asumir la responsabilidad que tenemos como Estado, necesitamos tener en cuenta los factores externos físicos que limitan el acceso a la educación; como son, el entorno físico, pasadizos, aulas, mobiliario, entradas y salidas, rampas de acceso, etc., de la misma manera se debe adaptar la normatividad para que se incluyan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema de educación regular, y en lo técnico pedagógico se requieren profesores especializados, clases complementarias, tutores especiales, personal auxiliar de apoyo y alimentación nutricional; como factores internos necesitamos formular políticas educativas que les garanticen el desarrollo integral. Una medida inmediata debe ser la creación de la Dirección de Educación para las personas con discapacidad en la Región de Educación y en las UGELs, la incorporación de Especialistas con Discapacidad para que velen por la atención de estos derechos. El reto ya está dicho.
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