En el “Taller de Capacitación sobre Funciones, Obligaciones y Responsabilidades de los docentes”, realizado en Bagua Grande, el 19 de los corrientes con presencia de 130 directores de instituciones educativas, el Dr. Roberto Guevara Aranda, Jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas ha tenido la valentía de decir en voz alta que “falta voluntad política para atender al sector educación”, y lo que es más, ha sostenido que se “ha perdido el principio de autoridad” para gestionar el sector. Esta opinión muy respetable que viene del representante de una de las instituciones más serias y transparentes que tiene el Estado, como es la Defensoría del Pueblo, merece nuestro comentario y opinión al respecto. La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos ciudadanos, ha reconocido que la educación no está en los planes estratégicos de las autoridades regionales para articularla al desarrollo económico y productivo de la región y basan su análisis en el permanente desinterés que muestran las autoridades para abordar seriamente los principales problemas que tiene la educación y que no son solo la falta de infraestructura física, como son el ladrillo y cemento para la construcción de colegios y aulas, sino los problemas de fondo que se tiene en los diferentes aspectos y factores que de manera integral intervienen en el sistema educativo. La Defensoría ha puesto como ejemplo a dos de esos factores endógenos del sistema educativo: la gestión de la Dirección Regional de Educación y de las UGELS y el principio de autoridad que ellas deben tener.
Los directores por ser designados a partir de ternas a propuestas, como cargos de confianza, obedecen muchas veces a intereses partidarios, donde campea la intromisión política permanente, por encima de los criterios técnicos, como debería de manejarse la educación regional. Por otro lado, la pérdida del principio de autoridad, puesta de manifiesto en los últimos años ha ocasionado que hoy nadie crea en la capacidad de los directores para solucionar los principales problemas educativos que se tienen, precisamente por esa intromisión política, donde todos quieren mandar, todos quieren “sacar alguito” de lo invertido en la campaña política y el sector educación se convierte así en el mercado de puestos de trabajo, el sector que tiene que pagar los platos rotos de este clientelaje que tanto daño le viene haciendo a la educación. Por ejemplo, la Defensoría ha dado a conocer que en Chachapoyas solo en el año 2007, se han realizado 247 destaques irregulares de la zona rural a la zona urbana y en lo que va del 2008 ya se han realizado 129 destaques, y además algo que nos indigna es que en el ámbito departamental de 37 casos de denuncias por acoso y violación sexual realizados contra malos docentes, solo 6 de ellos han sido atendidos, porque tanto los jefes de personal como los especialistas de estas comisiones se cambian dos o tres veces al año, lo cual no garantiza la continuidad de los procesos. Preguntamos entonces: ¿Nos hemos olvidado acaso de que nuestra educación es mayoritariamente rural y se necesitan más docentes en colegios rurales que las zonas urbanas de nuestro departamento? ¿Si este número de destaques se dan solo en Chachapoyas cuántos se han dado en el resto de las provincias? ¿Acaso no vale la dignidad de las niñas y niños de estos 37 casos violentados y maltratados sexualmente por sus mismos docentes? ¿Quién avala tanta impunidad en docentes acosadores y violadores? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar todo esto por no tener directores con una permanencia mínima de tres años y con autoridad y pantalones para la toma de decisiones? ¿Y dónde está el Sutep que no dice nada al respecto? ¿Qué dicen la Asociación de directores de Amazonas? ¿No será acaso que con su silencio son parte también de esta crisis? Usted amable lector que nos lee, estará de acuerdo con nosotros, en que no se puede seguir soportando tanta improvisación, clientelaje y falta de autoridad, como si la educación fuera chacra y propiedad de alguien o de algunos. Basta ya. Es tiempo de despertar y de abrir bien los ojos y oídos, porque hay factores de esta educación nuestra que ya desbordaron y no vaya a ser cosa que terminemos perdiendo el total control de ella.
La voz del Defensor del Pueblo ha sido muy valiente, nosotros también la hacemos nuestra, porque también es nuestra voz, de lucha permanente por una mejora de la calidad del servicio educativo. En más de una oportunidad hemos sostenido que lo primero que se debe hacer es aceptar y reconocer que la educación amazonense se encuentra en una profunda crisis y para salir de ella, se necesita una salida técnica alternativa, un cambio de 360 grados que incorpore una nueva forma de gestionar el sector y para eso tenemos dos instrumentos muy valiosos: el Proyecto Educativo Regional y el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas que ya plantean serias alternativas de solución a esta crisis. Finalmente, el nuevo director regional de educación, como muestra de su autoridad debería dejar sin efecto estos 129 destaques irregulares que se han realizado este año y exigir a sus funcionarios y especialistas que los docentes denunciados por violación y maltrato a los niños y niñas sean castigados enérgicamente. Si lo hace nos demostrará que si tiene pantalones y hace respetar el principio de autoridad para que la ciudadanía recuperemos la credibilidad en quienes gobiernan y dirigen nuestro desarrollo.
Los directores por ser designados a partir de ternas a propuestas, como cargos de confianza, obedecen muchas veces a intereses partidarios, donde campea la intromisión política permanente, por encima de los criterios técnicos, como debería de manejarse la educación regional. Por otro lado, la pérdida del principio de autoridad, puesta de manifiesto en los últimos años ha ocasionado que hoy nadie crea en la capacidad de los directores para solucionar los principales problemas educativos que se tienen, precisamente por esa intromisión política, donde todos quieren mandar, todos quieren “sacar alguito” de lo invertido en la campaña política y el sector educación se convierte así en el mercado de puestos de trabajo, el sector que tiene que pagar los platos rotos de este clientelaje que tanto daño le viene haciendo a la educación. Por ejemplo, la Defensoría ha dado a conocer que en Chachapoyas solo en el año 2007, se han realizado 247 destaques irregulares de la zona rural a la zona urbana y en lo que va del 2008 ya se han realizado 129 destaques, y además algo que nos indigna es que en el ámbito departamental de 37 casos de denuncias por acoso y violación sexual realizados contra malos docentes, solo 6 de ellos han sido atendidos, porque tanto los jefes de personal como los especialistas de estas comisiones se cambian dos o tres veces al año, lo cual no garantiza la continuidad de los procesos. Preguntamos entonces: ¿Nos hemos olvidado acaso de que nuestra educación es mayoritariamente rural y se necesitan más docentes en colegios rurales que las zonas urbanas de nuestro departamento? ¿Si este número de destaques se dan solo en Chachapoyas cuántos se han dado en el resto de las provincias? ¿Acaso no vale la dignidad de las niñas y niños de estos 37 casos violentados y maltratados sexualmente por sus mismos docentes? ¿Quién avala tanta impunidad en docentes acosadores y violadores? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar todo esto por no tener directores con una permanencia mínima de tres años y con autoridad y pantalones para la toma de decisiones? ¿Y dónde está el Sutep que no dice nada al respecto? ¿Qué dicen la Asociación de directores de Amazonas? ¿No será acaso que con su silencio son parte también de esta crisis? Usted amable lector que nos lee, estará de acuerdo con nosotros, en que no se puede seguir soportando tanta improvisación, clientelaje y falta de autoridad, como si la educación fuera chacra y propiedad de alguien o de algunos. Basta ya. Es tiempo de despertar y de abrir bien los ojos y oídos, porque hay factores de esta educación nuestra que ya desbordaron y no vaya a ser cosa que terminemos perdiendo el total control de ella.
La voz del Defensor del Pueblo ha sido muy valiente, nosotros también la hacemos nuestra, porque también es nuestra voz, de lucha permanente por una mejora de la calidad del servicio educativo. En más de una oportunidad hemos sostenido que lo primero que se debe hacer es aceptar y reconocer que la educación amazonense se encuentra en una profunda crisis y para salir de ella, se necesita una salida técnica alternativa, un cambio de 360 grados que incorpore una nueva forma de gestionar el sector y para eso tenemos dos instrumentos muy valiosos: el Proyecto Educativo Regional y el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas que ya plantean serias alternativas de solución a esta crisis. Finalmente, el nuevo director regional de educación, como muestra de su autoridad debería dejar sin efecto estos 129 destaques irregulares que se han realizado este año y exigir a sus funcionarios y especialistas que los docentes denunciados por violación y maltrato a los niños y niñas sean castigados enérgicamente. Si lo hace nos demostrará que si tiene pantalones y hace respetar el principio de autoridad para que la ciudadanía recuperemos la credibilidad en quienes gobiernan y dirigen nuestro desarrollo.
