Uno de los objetivos centrales de la administración pública es contar con un Estado capaz de proveer de manera oportuna, eficaz, eficiente y con equidad los bienes y servicios públicos que requiere la población. Por eso el Gobierno Nacional, desde el año fiscal 2007, implementa el Presupuesto por Resultados (PpR) en nuestro país, el cual incorpora 11 actividades prioritarias para nuestro desarrollo nacional y de ese es tema hoy nos vamos a ocupar.
EL Gobierno Regional de Amazonas y los Gobiernos Locales, ya sea provinciales y distritales, vienen ejecutando sus talleres de presupuesto participativo para el año fiscal 2009 y en esos eventos, tal como establece la Ley 28927 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, en el Capítulo IV, Artículo 11, establece que “se priorizará a favor de la infancia, la implementación de la Mejora de Calidad de Gasto y la Gestión por Resultados, para las siguientes actividades:
1. Registro de nacimientos y de identidad.
2. Atención de la mujer gestante.
3. Atención del niño menor de cinco años.
4. Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas.
5. Atención de neonato menor de veintinueve días.
6. Control de asistencia de profesores y alumnos.
7. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.
8. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.
9. Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación a Docentes.
10. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo.
11. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo”.
Si estas son las prioridades nacionales establecidas para aspirar a un desarrollo social justo, considerando que en Amazonas el 66% de los niños y adolescentes menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza, habría que preguntarse: ¿Están los gobiernos locales y el mismo gobierno regional de Amazonas priorizando estos temas en el presupuesto participativo para revertir los principales problemas que se tiene en torno la infancia, la madre gestante adolescente, los aprendizajes esperados en matemática y comunicación, las horas efectivas de clase en el aula, la capacitación de los maestros, el agua y alcantarillado, entre otros? ¿Las organizaciones de la sociedad civil responsables de vigilar este cumplimiento están cumpliendo con su cometido? ¿No será acaso que la mayor preocupación de nuestras autoridades solo son las obras físicas de ladrillo y cemento por encima de la cultura, la educación, la nutrición, la salud, que son obras no física que no se ven a simple vista?
A nuestro parecer, apreciamos que la lógica de los presupuestos participativos no está contribuyendo precisamente con este desarrollo al cual todos aspiramos. Muchas veces estos eventos y sus resultados no han impactado en nuestro desarrollo social porque no han respondido a los reales intereses de la población, muestra de ello es que en Amazonas, la desigualdad social no ha disminuido sino al contrario se ha mantenido y en algunos casos se ha acrecentado. (Solo un ejemplo: De 13,500 niños y niñas entre 3 y 5 años, solo el 50% asiste a educación inicial, y ello no es responsabilidad solo de la DREA, o de la UGELS, claro que no, sino del mismo gobierno regional y de sus gobiernos locales, que no estamos asegurando desarrollo de capacidades y habilidades básicas a este grupo etareo de nuestra población).
EL Gobierno Regional de Amazonas y los Gobiernos Locales, ya sea provinciales y distritales, vienen ejecutando sus talleres de presupuesto participativo para el año fiscal 2009 y en esos eventos, tal como establece la Ley 28927 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, en el Capítulo IV, Artículo 11, establece que “se priorizará a favor de la infancia, la implementación de la Mejora de Calidad de Gasto y la Gestión por Resultados, para las siguientes actividades:
1. Registro de nacimientos y de identidad.
2. Atención de la mujer gestante.
3. Atención del niño menor de cinco años.
4. Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas.
5. Atención de neonato menor de veintinueve días.
6. Control de asistencia de profesores y alumnos.
7. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.
8. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.
9. Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación a Docentes.
10. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo.
11. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo”.
Si estas son las prioridades nacionales establecidas para aspirar a un desarrollo social justo, considerando que en Amazonas el 66% de los niños y adolescentes menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza, habría que preguntarse: ¿Están los gobiernos locales y el mismo gobierno regional de Amazonas priorizando estos temas en el presupuesto participativo para revertir los principales problemas que se tiene en torno la infancia, la madre gestante adolescente, los aprendizajes esperados en matemática y comunicación, las horas efectivas de clase en el aula, la capacitación de los maestros, el agua y alcantarillado, entre otros? ¿Las organizaciones de la sociedad civil responsables de vigilar este cumplimiento están cumpliendo con su cometido? ¿No será acaso que la mayor preocupación de nuestras autoridades solo son las obras físicas de ladrillo y cemento por encima de la cultura, la educación, la nutrición, la salud, que son obras no física que no se ven a simple vista?
A nuestro parecer, apreciamos que la lógica de los presupuestos participativos no está contribuyendo precisamente con este desarrollo al cual todos aspiramos. Muchas veces estos eventos y sus resultados no han impactado en nuestro desarrollo social porque no han respondido a los reales intereses de la población, muestra de ello es que en Amazonas, la desigualdad social no ha disminuido sino al contrario se ha mantenido y en algunos casos se ha acrecentado. (Solo un ejemplo: De 13,500 niños y niñas entre 3 y 5 años, solo el 50% asiste a educación inicial, y ello no es responsabilidad solo de la DREA, o de la UGELS, claro que no, sino del mismo gobierno regional y de sus gobiernos locales, que no estamos asegurando desarrollo de capacidades y habilidades básicas a este grupo etareo de nuestra población).
Necesitamos, por tanto, identificar nuestras principales prioridades de desarrollo y agarrarnos de ellas, necesitamos poner en primer lugar a la persona humana y su bienestar como centro del accionar del Estado. Necesitamos hacer eficaz y eficiente la gestión del Estado. Por eso desde esta columna, invocamos a las autoridades, líderes locales, organizaciones sociales de base, empresas públicas y privadas, a participar de los talleres de presupuesto participativo, aseguremos verdaderos proyectos de desarrollo humano, despercudámosno de nuestro interés personal para colocar por encima el interés social. Nuestros niños, niñas y adolescentes son primero. Ellos necesitan que hoy los adultos asumamos responsablemente acciones orientados a proteger su bienestar y calidad de vida para asegurar mañana nuestro principal capital social: los niños.
