Hablar de vigilancia social de la educación no se refiere a la acción de masas que desarrollan las Rondas Campesinas y Urbanas; tampoco a una acción del Sistema de Seguridad Ciudadana, cuando vigilan, por ejemplo, la Plaza de Armas para que no hayan asaltos o delitos contra el ciudadano de a pie; o a una estrategia de acción de la Policía Nacional frente a un problema delincuencial sucedido en la comunidad. No hablamos de este tipo de vigilancia.
Cuando nos referimos a vigilancia social de la educación, la sustentamos en la participación concertada de la ciudadanía. La sociedad civil es fuerte cuando las personas se agrupan y organizan según sus intereses y necesidades, crean instituciones e intervienen en los espacios públicos para trabajar por el bienestar colectivo. Este ejercicio ciudadano de la vigilancia fortalece la sociedad civil porque le ayuda a establecer una relación horizontal entre la sociedad civil y el Estado. No olvidemos que la educación en el país está viviendo un proceso de descentralización y de transferencia de competencias, que abre un abanico de campos y aspectos que deben ser vigilados por la ciudadanía.
Los diferentes procesos sociales y políticos que influyen en el desarrollo educativo exige la vigilancia de campos y aspectos fundamentales como: El cumplimiento de los compromisos políticos y sociales asumidos por el Gobierno Central y Regional a partir de la aprobación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007 – 2021 (PER-A), el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas 2006 – 2015 (PRAIA-A); por otro lado, la ejecución de las políticas educativas que priorizan el PEN, el PER A y el PRAIA-A.; asimismo, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos asegurando que respondan a las prioridades educativas de Amazonas; igualmente, el desarrollo de una gestión pública transparente, eficiente, inclusiva y democrática tanto en las instancias del Estado como de la sociedad civil; además, el fortalecimiento de los espacios de participación y concertación como son los CONEI, COPALE y COPARE, establecidos en la Nueva Ley General de Educación que garanticen un nuevo modelo de gestión educativa; las acciones de incidencia social y política que generen la reflexión, movilización social y acuerdos vinculantes para mejorar la gestión; y, finalmente, la existencia de servicios educativos para grupos históricamente desfavorecidos y excluidos como la Primera Infancia, la Mujer Rural, los Discapacitados, la población indígena y los jóvenes de nuestro querido Amazonas.
La vigilancia social es abierta para cualquier ciudadano o institución que quiere asumir el reto en los ámbitos nacional, regional, provincial, distrital y local; es una obligación moral que tenemos los ciudadanos de ejercer nuestro derecho a participar de la gestión pública, establecida en nuestra Constitución Política.
El nuevo Director Regional de Educación tiene en sus manos, esta agenda prioritaria, si queremos manejar seriamente la educación de Amazonas y tendrá en la sociedad civil su aliado natural, para superar la crisis educativa que nos agobia.
Cuando nos referimos a vigilancia social de la educación, la sustentamos en la participación concertada de la ciudadanía. La sociedad civil es fuerte cuando las personas se agrupan y organizan según sus intereses y necesidades, crean instituciones e intervienen en los espacios públicos para trabajar por el bienestar colectivo. Este ejercicio ciudadano de la vigilancia fortalece la sociedad civil porque le ayuda a establecer una relación horizontal entre la sociedad civil y el Estado. No olvidemos que la educación en el país está viviendo un proceso de descentralización y de transferencia de competencias, que abre un abanico de campos y aspectos que deben ser vigilados por la ciudadanía.
Los diferentes procesos sociales y políticos que influyen en el desarrollo educativo exige la vigilancia de campos y aspectos fundamentales como: El cumplimiento de los compromisos políticos y sociales asumidos por el Gobierno Central y Regional a partir de la aprobación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007 – 2021 (PER-A), el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas 2006 – 2015 (PRAIA-A); por otro lado, la ejecución de las políticas educativas que priorizan el PEN, el PER A y el PRAIA-A.; asimismo, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos asegurando que respondan a las prioridades educativas de Amazonas; igualmente, el desarrollo de una gestión pública transparente, eficiente, inclusiva y democrática tanto en las instancias del Estado como de la sociedad civil; además, el fortalecimiento de los espacios de participación y concertación como son los CONEI, COPALE y COPARE, establecidos en la Nueva Ley General de Educación que garanticen un nuevo modelo de gestión educativa; las acciones de incidencia social y política que generen la reflexión, movilización social y acuerdos vinculantes para mejorar la gestión; y, finalmente, la existencia de servicios educativos para grupos históricamente desfavorecidos y excluidos como la Primera Infancia, la Mujer Rural, los Discapacitados, la población indígena y los jóvenes de nuestro querido Amazonas.
La vigilancia social es abierta para cualquier ciudadano o institución que quiere asumir el reto en los ámbitos nacional, regional, provincial, distrital y local; es una obligación moral que tenemos los ciudadanos de ejercer nuestro derecho a participar de la gestión pública, establecida en nuestra Constitución Política.
El nuevo Director Regional de Educación tiene en sus manos, esta agenda prioritaria, si queremos manejar seriamente la educación de Amazonas y tendrá en la sociedad civil su aliado natural, para superar la crisis educativa que nos agobia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario