PUSO EL DEDO EN LA LLAGA Y REVENTÓ EL CHUPO

En el “Taller de Capacitación sobre Funciones, Obligaciones y Responsabilidades de los docentes”, realizado en Bagua Grande, el 19 de los corrientes con presencia de 130 directores de instituciones educativas, el Dr. Roberto Guevara Aranda, Jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas ha tenido la valentía de decir en voz alta que “falta voluntad política para atender al sector educación”, y lo que es más, ha sostenido que se “ha perdido el principio de autoridad” para gestionar el sector. Esta opinión muy respetable que viene del representante de una de las instituciones más serias y transparentes que tiene el Estado, como es la Defensoría del Pueblo, merece nuestro comentario y opinión al respecto. La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos ciudadanos, ha reconocido que la educación no está en los planes estratégicos de las autoridades regionales para articularla al desarrollo económico y productivo de la región y basan su análisis en el permanente desinterés que muestran las autoridades para abordar seriamente los principales problemas que tiene la educación y que no son solo la falta de infraestructura física, como son el ladrillo y cemento para la construcción de colegios y aulas, sino los problemas de fondo que se tiene en los diferentes aspectos y factores que de manera integral intervienen en el sistema educativo. La Defensoría ha puesto como ejemplo a dos de esos factores endógenos del sistema educativo: la gestión de la Dirección Regional de Educación y de las UGELS y el principio de autoridad que ellas deben tener.

Los directores por ser designados a partir de ternas a propuestas, como cargos de confianza, obedecen muchas veces a intereses partidarios, donde campea la intromisión política permanente, por encima de los criterios técnicos, como debería de manejarse la educación regional. Por otro lado, la pérdida del principio de autoridad, puesta de manifiesto en los últimos años ha ocasionado que hoy nadie crea en la capacidad de los directores para solucionar los principales problemas educativos que se tienen, precisamente por esa intromisión política, donde todos quieren mandar, todos quieren “sacar alguito” de lo invertido en la campaña política y el sector educación se convierte así en el mercado de puestos de trabajo, el sector que tiene que pagar los platos rotos de este clientelaje que tanto daño le viene haciendo a la educación. Por ejemplo, la Defensoría ha dado a conocer que en Chachapoyas solo en el año 2007, se han realizado 247 destaques irregulares de la zona rural a la zona urbana y en lo que va del 2008 ya se han realizado 129 destaques, y además algo que nos indigna es que en el ámbito departamental de 37 casos de denuncias por acoso y violación sexual realizados contra malos docentes, solo 6 de ellos han sido atendidos, porque tanto los jefes de personal como los especialistas de estas comisiones se cambian dos o tres veces al año, lo cual no garantiza la continuidad de los procesos. Preguntamos entonces: ¿Nos hemos olvidado acaso de que nuestra educación es mayoritariamente rural y se necesitan más docentes en colegios rurales que las zonas urbanas de nuestro departamento? ¿Si este número de destaques se dan solo en Chachapoyas cuántos se han dado en el resto de las provincias? ¿Acaso no vale la dignidad de las niñas y niños de estos 37 casos violentados y maltratados sexualmente por sus mismos docentes? ¿Quién avala tanta impunidad en docentes acosadores y violadores? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar todo esto por no tener directores con una permanencia mínima de tres años y con autoridad y pantalones para la toma de decisiones? ¿Y dónde está el Sutep que no dice nada al respecto? ¿Qué dicen la Asociación de directores de Amazonas? ¿No será acaso que con su silencio son parte también de esta crisis? Usted amable lector que nos lee, estará de acuerdo con nosotros, en que no se puede seguir soportando tanta improvisación, clientelaje y falta de autoridad, como si la educación fuera chacra y propiedad de alguien o de algunos. Basta ya. Es tiempo de despertar y de abrir bien los ojos y oídos, porque hay factores de esta educación nuestra que ya desbordaron y no vaya a ser cosa que terminemos perdiendo el total control de ella.
La voz del Defensor del Pueblo ha sido muy valiente, nosotros también la hacemos nuestra, porque también es nuestra voz, de lucha permanente por una mejora de la calidad del servicio educativo. En más de una oportunidad hemos sostenido que lo primero que se debe hacer es aceptar y reconocer que la educación amazonense se encuentra en una profunda crisis y para salir de ella, se necesita una salida técnica alternativa, un cambio de 360 grados que incorpore una nueva forma de gestionar el sector y para eso tenemos dos instrumentos muy valiosos: el Proyecto Educativo Regional y el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas que ya plantean serias alternativas de solución a esta crisis. Finalmente, el nuevo director regional de educación, como muestra de su autoridad debería dejar sin efecto estos 129 destaques irregulares que se han realizado este año y exigir a sus funcionarios y especialistas que los docentes denunciados por violación y maltrato a los niños y niñas sean castigados enérgicamente. Si lo hace nos demostrará que si tiene pantalones y hace respetar el principio de autoridad para que la ciudadanía recuperemos la credibilidad en quienes gobiernan y dirigen nuestro desarrollo.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LAS 11 PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Uno de los objetivos centrales de la administración pública es contar con un Estado capaz de proveer de manera oportuna, eficaz, eficiente y con equidad los bienes y servicios públicos que requiere la población. Por eso el Gobierno Nacional, desde el año fiscal 2007, implementa el Presupuesto por Resultados (PpR) en nuestro país, el cual incorpora 11 actividades prioritarias para nuestro desarrollo nacional y de ese es tema hoy nos vamos a ocupar.

EL Gobierno Regional de Amazonas y los Gobiernos Locales, ya sea provinciales y distritales, vienen ejecutando sus talleres de presupuesto participativo para el año fiscal 2009 y en esos eventos, tal como establece la Ley 28927 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, en el Capítulo IV, Artículo 11, establece que “se priorizará a favor de la infancia, la implementación de la Mejora de Calidad de Gasto y la Gestión por Resultados, para las siguientes actividades:

1. Registro de nacimientos y de identidad.
2. Atención de la mujer gestante.
3. Atención del niño menor de cinco años.
4. Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas.
5. Atención de neonato menor de veintinueve días.
6. Control de asistencia de profesores y alumnos.
7. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.
8. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.
9. Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación a Docentes.
10. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo.
11. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo”.

Si estas son las prioridades nacionales establecidas para aspirar a un desarrollo social justo, considerando que en Amazonas el 66% de los niños y adolescentes menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza, habría que preguntarse: ¿Están los gobiernos locales y el mismo gobierno regional de Amazonas priorizando estos temas en el presupuesto participativo para revertir los principales problemas que se tiene en torno la infancia, la madre gestante adolescente, los aprendizajes esperados en matemática y comunicación, las horas efectivas de clase en el aula, la capacitación de los maestros, el agua y alcantarillado, entre otros? ¿Las organizaciones de la sociedad civil responsables de vigilar este cumplimiento están cumpliendo con su cometido? ¿No será acaso que la mayor preocupación de nuestras autoridades solo son las obras físicas de ladrillo y cemento por encima de la cultura, la educación, la nutrición, la salud, que son obras no física que no se ven a simple vista?

A nuestro parecer, apreciamos que la lógica de los presupuestos participativos no está contribuyendo precisamente con este desarrollo al cual todos aspiramos. Muchas veces estos eventos y sus resultados no han impactado en nuestro desarrollo social porque no han respondido a los reales intereses de la población, muestra de ello es que en Amazonas, la desigualdad social no ha disminuido sino al contrario se ha mantenido y en algunos casos se ha acrecentado. (Solo un ejemplo: De 13,500 niños y niñas entre 3 y 5 años, solo el 50% asiste a educación inicial, y ello no es responsabilidad solo de la DREA, o de la UGELS, claro que no, sino del mismo gobierno regional y de sus gobiernos locales, que no estamos asegurando desarrollo de capacidades y habilidades básicas a este grupo etareo de nuestra población).

Necesitamos, por tanto, identificar nuestras principales prioridades de desarrollo y agarrarnos de ellas, necesitamos poner en primer lugar a la persona humana y su bienestar como centro del accionar del Estado. Necesitamos hacer eficaz y eficiente la gestión del Estado. Por eso desde esta columna, invocamos a las autoridades, líderes locales, organizaciones sociales de base, empresas públicas y privadas, a participar de los talleres de presupuesto participativo, aseguremos verdaderos proyectos de desarrollo humano, despercudámosno de nuestro interés personal para colocar por encima el interés social. Nuestros niños, niñas y adolescentes son primero. Ellos necesitan que hoy los adultos asumamos responsablemente acciones orientados a proteger su bienestar y calidad de vida para asegurar mañana nuestro principal capital social: los niños.

VIGILANCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

Hablar de vigilancia social de la educación no se refiere a la acción de masas que desarrollan las Rondas Campesinas y Urbanas; tampoco a una acción del Sistema de Seguridad Ciudadana, cuando vigilan, por ejemplo, la Plaza de Armas para que no hayan asaltos o delitos contra el ciudadano de a pie; o a una estrategia de acción de la Policía Nacional frente a un problema delincuencial sucedido en la comunidad. No hablamos de este tipo de vigilancia.

Cuando nos referimos a vigilancia social de la educación, la sustentamos en la participación concertada de la ciudadanía. La sociedad civil es fuerte cuando las personas se agrupan y organizan según sus intereses y necesidades, crean instituciones e intervienen en los espacios públicos para trabajar por el bienestar colectivo. Este ejercicio ciudadano de la vigilancia fortalece la sociedad civil porque le ayuda a establecer una relación horizontal entre la sociedad civil y el Estado. No olvidemos que la educación en el país está viviendo un proceso de descentralización y de transferencia de competencias, que abre un abanico de campos y aspectos que deben ser vigilados por la ciudadanía.

Los diferentes procesos sociales y políticos que influyen en el desarrollo educativo exige la vigilancia de campos y aspectos fundamentales como: El cumplimiento de los compromisos políticos y sociales asumidos por el Gobierno Central y Regional a partir de la aprobación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007 – 2021 (PER-A), el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Amazonas 2006 – 2015 (PRAIA-A); por otro lado, la ejecución de las políticas educativas que priorizan el PEN, el PER A y el PRAIA-A.; asimismo, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos asegurando que respondan a las prioridades educativas de Amazonas; igualmente, el desarrollo de una gestión pública transparente, eficiente, inclusiva y democrática tanto en las instancias del Estado como de la sociedad civil; además, el fortalecimiento de los espacios de participación y concertación como son los CONEI, COPALE y COPARE, establecidos en la Nueva Ley General de Educación que garanticen un nuevo modelo de gestión educativa; las acciones de incidencia social y política que generen la reflexión, movilización social y acuerdos vinculantes para mejorar la gestión; y, finalmente, la existencia de servicios educativos para grupos históricamente desfavorecidos y excluidos como la Primera Infancia, la Mujer Rural, los Discapacitados, la población indígena y los jóvenes de nuestro querido Amazonas.

La vigilancia social es abierta para cualquier ciudadano o institución que quiere asumir el reto en los ámbitos nacional, regional, provincial, distrital y local; es una obligación moral que tenemos los ciudadanos de ejercer nuestro derecho a participar de la gestión pública, establecida en nuestra Constitución Política.
El nuevo Director Regional de Educación tiene en sus manos, esta agenda prioritaria, si queremos manejar seriamente la educación de Amazonas y tendrá en la sociedad civil su aliado natural, para superar la crisis educativa que nos agobia.

SELECCIÓN SÍ PERO POR CONCURSO

El pasado mes de marzo del año en curso, tuve el privilegio de postular en el concurso para Director Regional de Educación de Lambayeque, junto con otros dos dignos amazonenses; fuimos 36 los postulantes que de diferentes partes del país nos presentamos a esa convocatoria. No gané, pero tengo que reconocer que el Gobierno del Dr. Yehude Simon Munaro hizo esta convocatoria con la más absoluta transparencia en la que participaron como observadores, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Prevención del Delito y el Consejo de Participación Regional de Educación (COPARE) Lambayeque.

En el departamento de Amazonas, se ha anunciado la renuncia del actual Director Regional de Educación, el Prof. Gustavo Corvera Coronel, quien en los últimos cinco años ocupó el cargo por concurso y el año 2007 previa evaluación, fue ratificada su gestión por el Consejo Regional. Frente a esta renuncia, el Gobierno Regional tiene en sus manos la oportunidad de demostrarle a la comunidad educativa y ciudadanía en general, su voluntad política de cambio para plantear una reingeniería a la actual educación regional, sumida en una crisis, que todavía no es reconocida y aceptada por las autoridades de turno.

Los amazonenses no tenemos que hacer memoria para recordar un sinnúmero de permanentes reclamos en el sector: falta de docentes, mobiliario malogrado, infraestructura inadecuada, cuadernos de trabajo para los niños y niñas a destiempo, monitoreos pedagógicos inadecuados, carencia de capacitación docente; en general, servicio educativo deficiente, que responde a una serie de factores, que este artículo no nos bastaría para abordar; sin embargo, un factor mayor que agudiza la crisis educativa, todavía no superada, es la intromisión política del gobierno de turno, cuando la designaciòn se da mediante la “dedocracia”, lo que ha sucedido en los últimos diez años con todos los directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGELs); ocupa el cargo de confianza quien no necesariamente es el mejor técnico, sino el partidario del gobernante de turno, el amigo, el compadre, es decir puro clientelaje político, que demuestra la marginal forma de gestionar la educación en nuestro departamento.

Señor Presidente, selección del Director Regional de Educación sí pero por concurso abierto, con participación de la ciudadanía organizada, con los organismos que garanticen la transparencia del proceso. Una muestra de interés y voluntad política de su gobierno, sería que convoque a concurso público este cargo de confianza y los cargos de Directores de todas las UGELs, demuestre usted su visión de estadista, si quiere realmente revertir la crisis educativa, y quienes asuman esta responsabilidad, lo hagan con las más absoluta independencia administrativa sin intromisiones de ningún tipo y todos veremos como los cambios positivos empezarán a salir.
Esperamos que por el bien de la educación, así sea, porque es el sentir no solamente de la comunidad educativa, sino de la ciudadanía en general quienes todavía confiamos en la buena fe de los gobernantes.

NI MATERIALISMO NI IDEALISMO

Fui invitado a dirigir, en calidad de moderador de debates, la Primera Asamblea Pública de Rendición de Cuentas del año 2008. Y en calidad de moderador, para ser respetuoso, consecuente y ético con ese accionar me privé del derecho a opinar y debatir en este evento de la democracia.

Gracias al diario AHORA y a los medios de comunicación que tienen la amabilidad de difundir mi columna “Prohibido no Educar”, lo hago y tengo la oportunidad de expresar mi punto de vista para que Ud., estimado lector, esté de acuerdo o no con mi pensamiento, reflexione y juntos construyamos ciudadanía efectiva, con libre derecho a opinar sobre la vida pública de nuestro país.

Creo firmemente que la democracia es el más grande derecho que tiene el ciudadano a participar libremente de la vida de un país, creo que la democracia es la más clara oportunidad del poblador a levantar la voz, a expresarse libremente sin coacción, creo que los ciudadanos de este país nuestro llamado Perú, tenemos el derecho a disfrutar de este ejercicio que nos otorga nuestra Constitución Política.

Por eso mi reflexión, que reconoce por un lado, que esta primera rendición de cuentas de la gestión de las obras y acciones realizadas por la gestión edil, sienta un claro precedente de lo que debería ser la transparencia y de otro lado la participación de la ciudadanía organizada, de las fuerzas políticas y de los ciudadanos que hacen uso de esa democracia para deliberar, opinar, debatir, cuestionar, proponer y hacer ejercicio de la vigilancia ciudadana.
Participación, ciudadanía, vigilancia social, rendición de cuentas, son entonces los conceptos que hoy sientan las bases de este ejercicio democrático, por eso ha llegado la hora de salir del cliché, ni materialismo ni idealismo, sino pensamiento libre, despercudido de dogmas y sectarismos, pensamiento renovador y constructor de ciudadanía vigilante, ciudadanía participante que exige rendición de cuentas y que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del hombre.